A 98 años del crimen de Napalpí
La jueza Zunilda Niremperger declaró a la Masacre de Napalpí de 1924 como “crimen de lesa humanidad”. El juicio por la verdad fue histórico ya que es la primera vez que se investiga un delito contra las comunidades originarias bajo este marco.
Por Amira López Giménez
Es el 19 de julio de 1924 en Resistencia, Chaco. La mañana es helada y el horror se palpa en el aire. Hasta unas 500 personas que integran las comunidades originarias Qom y Moqoit son acorraladas en Reducción Napalpí, ubicada a unos 140 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Las reducciones eran creadas por el Estado para concentrar poblaciones originarias y explotarlas como mano de obra barata.
Niños, niñas, adultos mayores, hombres y mujeres son asesinados y despedazados con una brutalidad propia de la cultura colonial. En esa mañana un avión biplano Curtiss JN-90, más conocido como cuervo blanco, sobrevuela la zona arrojando comida y caramelos. Cuando los pobladores salen a recoger los dulces, militares, policías y civiles -bajo las órdenes del gobernador Fernando Centeno- los rodean para cometer una de las masacres más brutales de la historia argentina.
Los testimonios de sobrevivientes, pasaron de generación en generación, fueron grabados y hoy sus voces declaran haber escuchado más de 5.000 balas durante los 45 minutos que duró la balacera. En cambio, la masacre duró casi tres horas. Los que no fueron alcanzados por las balas, fueron ejecutados a machetes y degollados. Los hombres fueron empalados, les quitaron las orejas y los penes para exhibirlos en la comisaría de Quitilipi.
Solo 15 adultos y cerca de unos 40 niños lograron sobrevivir. Corrieron por la selva perseguidos por los ejecutores que no pudieron darle “caza”. Hubo que esperar casi un siglo para que la brutalidad colectiva tenga un castigo.
Gobernador y verdugo
Centeno es algodonero, tiene una fábrica, pero también se dedica a la política. Es designado por Marcelo T. de Alvear para llevar adelante la tarea de administrar el territorio selvático de lo que hoy se conoce como Chaco.
En el año de 1924, Centeno decide prohibir a la comunidad de Napalpí emigrar más allá de sus límites territoriales. La zona era rica en la producción de algodón, de hecho, era la primera en el país. Y aunque el silencio era tenaz, todo el territorio conocía los sistemas de esclavitud y sometimiento a la servidumbre.
La labor era realizada en espacios conocidos como “reducciones indígenas”. Lugares de explotación humana y sometimiento donde el trabajo era remunerado con ropa y unos vales que no podían convertirse en dinero. Las condiciones de higiene y alimentación eran infrahumanas, el trabajo forzado y la represión constante.
Las peticiones de las comunidades Qom y Moqoit, hartas del abuso de una sociedad con arraigo colonial, exigían una mejor calidad de vida y un mejor trato de terratenientes y patrones.
El colectivo se declaró en huelga y organizó una marcha. Pero, esta protesta no les convenía a los dueños de las estancias por temor a perder mano de obra gratuita. Ya estaban al tanto de las resistencias obreras en los quebrachales del norte santafesino. Muchos de los aborígenes planeaban marchar a los ingenios azucareros de Santa Fe, Jujuy, Tucumán, Salta. Ante esto, visto como una amenaza a sus negocios, decidieron acabar con el pueblo, sin dejar testigos.
Centeno tomó la decisión de exigirle a los pueblos el 15% del algodón gratis y además, no podían abandonar el territorio para buscar trabajo en otros ingenios. Quería imponer su poderío y para asegurarse que nadie iba a desobedecer envió a unos 130 hombres a matar a quien se resistiera. Los cadáveres mutilados fueron enterrados en fosas comunes.
Matar era común
Esta práctica bestial fue recurrente en los gobiernos oligarcas de Argentina desde finales del siglo XIX. En todo el país existían fortines militares encargados de eliminar comunidades originarias para entregar tierras “limpias” a los colonizadores que llegaban de Europa.
En septiembre de 1924, el tema Napalpí llegaba a la Cámara de Diputados. El debate duró cerca de un mes. Por entonces, el diputado socialista Francisco Pérez Leirós denunció que la cacería duró varios días. Al parecer, los criminales se habían propuesto “eliminar a todos los presentes en la carnicería del 19 de julio para que no pudieran servir de testigos”, declaró el diputado.
Por su parte, el poder judicial tituló la carátula del expediente n° 910/24 que se abrió en el juzgado federal de Resistencia, como “Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí”.
La prensa no se quedó atrás y mostró su complicidad con el Estado. Los lápices se afinaron y elaboraron un discurso xenófobo, añadiendo a sus escritos la palabra “salvaje” para justificar el accionar represivo en defensa de los colonos y los terratenientes chaqueños. Una imitación cercana a la del sur del país, en la Patagonia, donde las campañas de exterminio eran otra moneda corriente.
Al final, el horror se conoce. 95 años más tarde Rosa Grillo se atrevió a narrar los hechos. La centenaria que había visto morir a su padre, se había salvado con su madre ocultándose en la selva.
Su testimonio fue encontrado por Juan Chico, historiador nacido en Napalpí, y el principal investigador de la causa desde el año 2014. Como descendiente directo del horror escribió el libro “Los Qom del Chaco en Malvinas” y fue la principal voz impulsora en el Juicio por la Verdad. En el 2021, con tan solo 45 años de edad, Chico muere víctima de la pandemia. Chaco todavía lo llora.
Ahora, será justicia
La Jueza Zunilda Niremperger lee en voz alta su alegato. Es traducida en simultáneo a las lenguas qom y moqoit, que pueden cerrar un capítulo de su historia. El Estado Nacional es el responsable de la Masacre de Napalpí, apunta la jueza, y considera que se trató de un crimen de lesa humanidad en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas. Y no de una “sublevación indígena”.
Casi se cumplen cien años, pero la jueza considera que los delitos de esclavitud y sometimiento de las casi 500 personas de las comunidades originarias está probado. Dispone medidas de reparación en beneficio de quienes sobreviven y exhorta al Estado Nacional a un acto público en reconocimiento de la responsabilidad. A su vez, el Estado también debe inaugurar un museo en memoria y desarrollar políticas públicas para erradicar y prevenir el odio, racismo, la xenofobia y discriminación.
La provincia del Chaco deberá incluir un módulo educativo para las Fuerzas de Seguridad sobre derechos humanos de los pueblos originarios. Asimismo, los trabajos de los equipos forenses aún continúan sobre las fosas comunes.
“Este fue el primer juicio oral en investigar como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos contra comunidades indígenas. Se trató de un juicio por la verdad ya que, por tratarse de hechos que ocurrieron hace casi un siglo, no había imputados con vida a quienes juzgar”, declaró el Gobierno Nacional en el comunicado oficial.
El juicio comenzó el 19 de abril y duró 7 audiencias donde se escucharon los testimonios grabados de hijos, hijas, nietos y nietas de las víctimas. Sus voces permitieron conocer los hechos de 1924 que hoy, 98 años después, se declaran como delitos de lesa humanidad. Ahora, es justicia.
Foto de portada gentileza de argentina.gob